El asesinato de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años, presuntamente a manos de su padre, generó una profunda conmoción en todo el país y abrió una investigación interna en distintos organismos del Estado para determinar si existieron fallas institucionales en el seguimiento de denuncias previas por violencia doméstica.
Diversas dependencias públicas analizan actualmente sus actuaciones para establecer por qué no se logró intervenir a tiempo pese a que existían alertas sobre el entorno de violencia en el que vivía el joven.
Denuncias previas desde el ámbito educativo
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, confirmó que el sistema educativo había presentado una denuncia el año pasado.
El adolescente asistía a la UTU de Flor de Maroñas, donde docentes y compañeros observaron hematomas en su cuerpo, lo que generó preocupación.
Según informó el Ministerio del Interior, la denuncia fue presentada a fines de noviembre de 2025, cuando una funcionaria del centro educativo manifestó haber constatado posibles lesiones en las rodillas del adolescente, lo que motivó la intervención policial ante la sospecha de un caso de violencia doméstica.
En ese momento el caso fue asignado al fiscal de Violencia Doméstica y de Género Luis Pacheco, quien dispuso indagar a los padres y tomar declaraciones a familiares.
Sin embargo, fuentes de Fiscalía indicaron que el expediente no volvió a ser asignado al fiscal, por lo que se inició una investigación interna para determinar qué ocurrió con las actuaciones posteriores.
Posible falla administrativa
Desde el Poder Judicial señalaron que la jueza Rossana De Fraschini dispuso varias medidas tras recibir la denuncia.
Entre ellas ordenó que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) abordara la situación, que se informara a Fiscalía y que se elevaran los antecedentes correspondientes.
No obstante, el caso nunca llegó a tramitarse como causa judicial, debido a que los antecedentes no fueron elevados como había dispuesto la magistrada, lo que hace presumir la existencia de posibles errores administrativos.
Las autoridades judiciales explicaron que el juzgado puede comunicar la resolución directamente al INAU o hacerlo a través de la Policía, pero en este caso ninguna de las vías se concretó.
Investigación en varios organismos
El Ministerio del Interior informó que actualmente se están revisando las actuaciones policiales para determinar si existía alguna orden pendiente vinculada al caso y establecer eventuales responsabilidades.
Por su parte, desde el INAU aseguraron que el organismo nunca recibió notificación oficial sobre la situación del adolescente.
“El instituto no intervino porque no tenía conocimiento de la información”, indicaron fuentes del organismo.
Las autoridades también están investigando si existieron denuncias anteriores al año 2015, cuando Jonathan asistía a un centro CAIF.
Antecedentes de violencia
Según los registros del Ministerio del Interior, no existen 14 denuncias como se había mencionado inicialmente, sino tres denuncias formales vinculadas al caso.
Una de ellas es la presentada por la UTU en noviembre de 2025.
Otra fue realizada tras la muerte del adolescente, relacionada con situaciones de violencia que también afectaban a su hermana de nueve años.
La tercera denuncia había sido presentada en abril de 2024 por la madre del joven, quien declaró ser víctima de violencia doméstica.
En ese momento se dispusieron medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación contra el padre, pero esas medidas vencieron a los 180 días y no fueron renovadas.
Pedidos de informe en el Parlamento
El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, anunció que presentó cuatro pedidos de informe dirigidos a UTU, INAU, Fiscalía y el Ministerio del Interior para determinar dónde falló el sistema.
El legislador sostuvo que existían señales claras de violencia y cuestionó la falta de respuesta institucional.
“Había denuncias, golpes y estaba todo el mundo al tanto. Terminó en un desenlace horrible por inacción del Estado”, afirmó.
El crimen
El padre del adolescente fue formalizado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada y un delito de homicidio especialmente agravado.
Durante la audiencia judicial, la fiscal de Homicidios Sabrina Flores señaló que el hombre ejercía violencia física contra su hijo desde hacía tiempo.
Según la investigación, el hecho ocurrió luego de una discusión entre ambos, en la que el agresor golpeó al adolescente con puños y patadas.
La autopsia determinó además que el joven fue agredido con un objeto que podría haber sido un cable o un cinturón.
Tras la golpiza, el padre se fue a dormir y ordenó al adolescente que hiciera lo mismo. Durante la madrugada advirtió que el joven ya no tenía signos vitales, y posteriormente intentó ocultar el cuerpo arrojándolo en una cuneta.
El equipo fiscal indicó que el cuerpo presentaba numerosas lesiones internas producto de una violencia prolongada, al punto de que resultó difícil determinar el origen exacto del sangrado que provocó la muerte.
El caso generó un fuerte debate sobre la coordinación entre instituciones del Estado en situaciones de violencia contra niños y adolescentes, y puso en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y seguimiento de denuncias.