El directorio del Partido Nacional resolvió suspender por dos años al edil montevideano Gonzalo Gómez, en el marco del caso relacionado con la contratación de quien fuera su asesor, Pablo Leiva, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
La decisión busca cerrar un episodio que generó cuestionamientos dentro y fuera del partido. La Comisión de Ética entendió que Gómez incurrió en una conducta pasible de sanción por haber contratado con fondos públicos a un asesor que, según reconoció el propio edil, no tenía tareas asignadas pese a percibir un salario mensual de $52.000 nominales.
Además de la suspensión de sus derechos y obligaciones partidarias, el directorio aceptó la voluntad de Gómez de restituir a la Junta Departamental de Montevideo el dinero correspondiente a los salarios que fueron considerados indebidos.
Durante la discusión interna también se planteó la posibilidad de exigirle la renuncia a su banca e incluso de expulsarlo del Partido Nacional. Sin embargo, finalmente se optó por una sanción de dos años, bajo el criterio de mantener una gradualidad en las medidas disciplinarias.
El directorio agregó que Gómez «debería apartarse» de la Junta Departamental mientras dure la sanción. La expresión fue formulada en términos condicionales debido al debate existente sobre la titularidad de las bancas y a que el partido no puede obligar directamente al edil a renunciar.
Gómez había defendido públicamente su permanencia en la Junta y sostuvo que no existían méritos para presentar su renuncia. Explicó que contrató a Leiva en diciembre y que no le asignó tareas porque sus prioridades estaban centradas en otros asuntos.
Leiva, mientras se desempeñaba como asesor, fue condenado en el marco de la denominada Operación Trazador, investigación en la que fueron incautados más de 260 kilos de droga, dinero y armas.
El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó la resolución como una medida «severa y necesaria» y aseguró que el partido actuará con firmeza ante situaciones vinculadas al manejo de recursos públicos y al cumplimiento de las normas ética