El sistema político uruguayo retomó el debate sobre la eventual aplicación de la libertad anticipada para personas privadas de libertad que cometieron delitos graves, en el marco de una reforma del Código del Proceso Penal (CPP) impulsada por el Ministerio del Interior. La discusión se reactivó tras la interpelación al ministro Carlos Negro, promovida por el senador Pedro Bordaberry, y cobró nueva fuerza luego de declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche. Una reforma con “vías de escape” al sistema penal El proyecto de ley enviado al Parlamento propone una reforma integral del CPP que incluye, entre otros puntos, la reincorporación de la suspensión condicional del proceso, una herramienta que permite evitar la prisión en delitos leves mediante acuerdos con las víctimas. Pero el aspecto más controvertido es la ampliación del régimen de libertad anticipada. Actualmente, este beneficio puede solicitarse tras cumplir la mitad de la pena, aunque esté vedado para delitos graves como homicidio, violación o secuestro. La iniciativa plantea habilitar este beneficio también para esos delitos, pero recién al cumplir tres cuartas partes de la condena, siempre que se cumplan condiciones como buena conducta, evaluación de la personalidad del condenado y un pronóstico favorable de reinserción social. Posible impacto en el sistema carcelario Según explicó Juanche, la eventual aprobación de esta reforma podría permitir que unas 2.000 personas privadas de libertad estén en condiciones de solicitar la libertad anticipada. La jerarca aclaró que no se trata de liberaciones automáticas ni decisiones del Poder Ejecutivo, sino que cada caso deberá ser analizado por la Justicia. No obstante, reconoció que la medida podría contribuir a “descomprimir” el sistema penitenciario, actualmente afectado por el hacinamiento. Críticas de la oposición Desde la oposición, legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado cuestionaron con dureza la propuesta. El senador Javier García sostuvo que las declaraciones de Juanche confirman que la reforma implicaría la liberación de un número significativo de reclusos, mientras que el senador Andrés Ojeda advirtió sobre un posible mensaje de “desprotección” en materia de seguridad pública. Durante la interpelación, el ministro Negro rechazó que el gobierno tenga como objetivo una liberación masiva de presos, y afirmó que se trata de mecanismos habituales en sistemas penales para evitar el hacinamiento y favorecer la rehabilitación. Evaluación del oficialismo En filas del Frente Amplio, las declaraciones de Juanche generaron sorpresa en algunos legisladores, que señalaron la necesidad de contar con más información antes de fijar una posición definitiva. Desde la bancada oficialista se indicó que el debate “recién comienza” y que el objetivo es alcanzar acuerdos con la oposición. Incluso, se advirtió que, en caso de no lograr consenso, algunos artículos podrían ser retirados del proyecto, especialmente teniendo en cuenta que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Cambios ya definidos Uno de los puntos que ya fue modificado es la exclusión de los delitos de lesa humanidad del alcance de la libertad anticipada. La decisión fue comunicada tras una reunión entre el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y representantes de organizaciones de derechos humanos. En este contexto, el Parlamento comenzará a analizar en comisión una reforma que abre un debate de fondo entre la necesidad de aliviar el sistema carcelario y las garantías de seguridad para la población.
El sistema político uruguayo retomó el debate sobre la eventual aplicación de la libertad anticipada para personas privadas de libertad que cometieron delitos graves, en el marco de una reforma del Código del Proceso Penal (CPP) impulsada por el Ministerio del Interior. La discusión se reactivó tras la interpelación al ministro Carlos Negro, promovida por el senador Pedro Bordaberry, y cobró nueva fuerza luego de declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche. Una reforma con “vías de escape” al sistema penal El proyecto de ley enviado al Parlamento propone una reforma integral del CPP que incluye, entre otros puntos, la reincorporación de la suspensión condicional del proceso, una herramienta que permite evitar la prisión en delitos leves mediante acuerdos con las víctimas. Pero el aspecto más controvertido es la ampliación del régimen de libertad anticipada. Actualmente, este beneficio puede solicitarse tras cumplir la mitad de la pena, aunque está vedado para delitos graves como homicidio, violación o secuestro. La iniciativa plantea habilitar este beneficio también para esos delitos, pero recién al cumplir tres cuartas partes de la condena, siempre que se cumplan condiciones como buena conducta, evaluación de la personalidad del condenado y un pronóstico favorable de reinserción social. Posible impacto en el sistema carcelario Según explicó Juanche, la eventual aprobación de esta reforma podría permitir que unas 2.000 personas privadas de libertad estén en condiciones de solicitar la libertad anticipada. La jerarca aclaró que no se trata de liberaciones automáticas ni decisiones del Poder Ejecutivo, sino que cada caso deberá ser analizado por la Justicia. No obstante, reconoció que la medida podría contribuir a “descomprimir” el sistema penitenciario, actualmente afectado por el hacinamiento. Críticas de la oposición Desde la oposición, legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado cuestionaron con dureza la propuesta. El senador Javier García sostuvo que las declaraciones de Juanche confirman que la reforma implicaría la liberación de un número significativo de reclusos, mientras que el senador Andrés Ojeda advirtió sobre un posible mensaje de “desprotección” en materia de seguridad pública. Durante la interpelación, el ministro Negro rechazó que el gobierno tenga como objetivo una liberación masiva de presos, y afirmó que se trata de mecanismos habituales en sistemas penales para evitar el hacinamiento y favorecer la rehabilitación. Evaluación del oficialismo En filas del Frente Amplio, las declaraciones de Juanche generaron sorpresa en algunos legisladores, que señalaron la necesidad de contar con más información antes de fijar una posición definitiva. Desde la bancada oficialista se indicó que el debate “recién comienza” y que el objetivo es alcanzar acuerdos con la oposición. Incluso, se advirtió que, en caso de no lograrse consenso, algunos artículos podrían ser retirados del proyecto, especialmente teniendo en cuenta que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Cambios ya definidos Uno de los puntos que ya fue modificado es la exclusión de los delitos de lesa humanidad del alcance de la libertad anticipada. La decisión fue comunicada tras una reunión entre el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y representantes de organizaciones de derechos humanos. En este contexto, el Parlamento comenzará a analizar en comisión una reforma que abre un debate de fondo entre la necesidad de aliviar el sistema carcelario y las garantías de seguridad para la población.
