El gobierno de Yamandú Orsi analiza distintos escenarios frente a la presión que ejerce Estados Unidos para que Uruguay reciba ciudadanos indocumentados deportados desde ese país, principalmente cubanos.
La Cancillería, encabezada por Mario Lubetkin, observa con especial atención la experiencia de los países que ya aceptaron recibir deportados, considerada por el gobierno uruguayo como una experiencia negativa. Al mismo tiempo, estudia la postura de aquellos Estados que mantienen conversaciones con Washington, pero que todavía no han llegado a un acuerdo.
El tema generó preocupación dentro del Frente Amplio luego de que trascendiera el interés de la administración de Donald Trump para que Uruguay se incorporara a una lista de países dispuestos a recibir personas expulsadas de Estados Unidos.
Desde la coalición de gobierno, dirigentes como Fernando Pereira y el senador Daniel Caggiani han planteado reparos a la posibilidad de que Uruguay reciba personas trasladadas contra su voluntad y cuestionaron cualquier mecanismo que pueda implicar un aval a una política migratoria estadounidense que consideran violatoria de los derechos humanos.
Pereira remarcó que hasta el momento Uruguay no ha recibido deportados desde Estados Unidos y sostuvo que el gobierno debe establecer un límite claro: “No puede entrar a Uruguay nadie” obligado a hacerlo.
En tanto, el canciller Lubetkin ha señalado reiteradamente que no existen avances sustanciales en las conversaciones con Washington. Sin embargo, Uruguay busca establecer determinadas condiciones en caso de que finalmente se alcance algún tipo de acuerdo.
Uno de los criterios planteados es que tengan prioridad los uruguayos que se encuentren detenidos en Estados Unidos. El segundo escenario considerado por la Cancillería refiere a ciudadanos cubanos residentes en Uruguay que quieran reunirse con familiares detenidos por problemas migratorios en territorio estadounidense.
Esas dos posibilidades son consideradas por el gobierno como los escenarios más manejables.
Uruguay analiza cómo responder a la presión de Estados Unidos por recibir deportados El gobierno de Yamandú Orsi analiza distintos escenarios frente a la presión que ejerce Estados Unidos para que Uruguay reciba ciudadanos indocumentados deportados desde ese país, principalmente cubanos. La Cancillería, encabezada por Mario Lubetkin, observa con especial atención la experiencia de los países que ya aceptaron recibir deportados, considerada por el gobierno uruguayo como una experiencia negativa. Al mismo tiempo, estudia la postura de aquellos Estados que mantienen conversaciones con Washington, pero que todavía no han llegado a un acuerdo. El tema generó preocupación dentro del Frente Amplio luego de que trascendiera el interés de la administración de Donald Trump para que Uruguay se incorporara a una lista de países dispuestos a recibir personas expulsadas de Estados Unidos. Desde la coalición de gobierno, dirigentes como Fernando Pereira y el senador Daniel Caggiani han planteado reparos a la posibilidad de que Uruguay reciba personas trasladadas contra su voluntad y cuestionaron cualquier mecanismo que pueda implicar un aval a una política migratoria estadounidense que consideran violatoria de los derechos humanos. Pereira remarcó que hasta el momento Uruguay no ha recibido deportados desde Estados Unidos y sostuvo que el gobierno debe establecer un límite claro: “No puede entrar a Uruguay nadie” obligado a hacerlo. En tanto, el canciller Lubetkin ha señalado reiteradamente que no existen avances sustanciales en las conversaciones con Washington. Sin embargo, Uruguay busca establecer determinadas condiciones en caso de que finalmente se alcance algún tipo de acuerdo. Uno de los criterios planteados es que tengan prioridad los uruguayos que se encuentren detenidos en Estados Unidos. El segundo escenario considerado por la Cancillería refiere a ciudadanos cubanos residentes en Uruguay que quieran reunirse con familiares detenidos por problemas migratorios en territorio estadounidense. Esas dos posibilidades son consideradas por el gobierno como los escenarios más manejables. Fuera de ellos, existe una fuerte incertidumbre sobre las condiciones en que podrían llegar los deportados, su nacionalidad, antecedentes y situación personal. La preocupación oficial también está vinculada a las condiciones en las que algunas personas son trasladadas desde Estados Unidos hacia terceros países. El gobierno busca evitar que Uruguay termine recibiendo personas trasladadas en condiciones inhumanas, sin garantías suficientes sobre su voluntad o sobre la información proporcionada respecto de su identidad y antecedentes. En ese marco, la Cancillería mantiene contactos con organismos especializados de Naciones Unidas vinculados a migración y refugio, con el objetivo de conocer experiencias y establecer garantías que permitan evitar consecuencias negativas para el país. Además de analizar lo ocurrido con los 35 países que ya aceptaron acuerdos de este tipo, Uruguay observa a los gobiernos que todavía mantienen negociaciones con Estados Unidos sin haber cerrado un convenio. Entre ellos aparece Argentina. El gobierno de Javier Milei mantiene una relación cercana con la administración de Donald Trump, pero, pese al diálogo entre ambos países, tampoco habría concretado un acuerdo para recibir deportados debido a las condiciones planteadas por Washington. La experiencia argentina es seguida con atención por Montevideo, al igual que la de otros países que aún no han aceptado las condiciones estadounidenses. De esta manera, el gobierno de Orsi procura definir una estrategia que permita mantener el diálogo con Washington, pero evitando que Uruguay quede comprometido con una política de deportaciones que pueda generar problemas humanitarios, jurídicos o de seguridad. Por ahora, la posición oficial es que no existe un acuerdo cerrado y que cualquier eventual entendimiento deberá contemplar garantías y criterios que Uruguay considere aceptable
