El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentó su 12º informe anual sobre libertad de expresión en Uruguay, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y advirtió un aumento en las restricciones al ejercicio periodístico durante el último año, revirtiendo la tendencia a la baja que se venía registrando desde 2022. De acuerdo al relevamiento, entre el 1º de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026 se documentaron 56 casos de amenazas o limitaciones a la libertad de expresión, cinco más que en el período anterior. La principal problemática continúa siendo el acceso a la información pública, presente en 23 de los episodios. El informe detalla además ocho agresiones verbales, escritas o digitales; siete discursos estigmatizantes; seis casos de hostigamiento judicial; seis situaciones de violencia mediante tecnologías digitales; tres agresiones físicas; dos casos de uso abusivo del poder estatal; y un caso vinculado a un marco jurídico contrario a estándares internacionales. En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de los hechos se concentraron en Montevideo, con 45 casos. En el interior, se registraron episodios en Maldonado, Soriano y Tacuarembó (dos casos cada uno), además de situaciones puntuales en Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja y Paysandú. Uno de los aspectos destacados por Cainfo es que el Estado dejó de ser el principal agresor. En 23 de los 56 casos los responsables fueron organismos o funcionarios públicos, mientras que en 24 episodios se identificó a actores privados y en nueve no fue posible determinar responsabilidades. Este cambio, considerado “alentador”, diferencia a Uruguay del resto de la región, donde el Estado suele ser señalado como la principal amenaza a la libertad de prensa. No obstante, el informe advierte que persisten episodios de discurso estigmatizante desde el ámbito político. En ese sentido, se mencionan intervenciones de la senadora Graciela Bianchi, quien protagonizó varios cruces con periodistas, entre ellos con Gustavo Guisulfo. Asimismo, se señalan restricciones al trabajo periodístico en espacios institucionales. En el Palacio Legislativo se limitaron áreas de circulación para la prensa, mientras que en la Torre Ejecutiva se restringió el acceso de fotógrafos y camarógrafos a determinadas actividades del presidente Yamandú Orsi. El informe también identifica casos relevantes de censura en el ámbito privado. Entre ellos, presiones atribuidas al empresario Francisco de Posadas para retirar contenidos informativos, y decisiones editoriales vinculadas al periodista Sergio Gorzy. Por otra parte, Cainfo advierte un fenómeno creciente en el periodismo deportivo, donde se registraron diez casos de agresiones, amenazas y obstrucciones, un nivel inédito desde que la organización realiza estos monitoreos. Finalmente, la organización subraya que, si bien la menor incidencia del Estado como agresor es una señal positiva para la calidad democrática, el aumento de restricciones —especialmente desde el ámbito privado— y las dificultades persistentes en el acceso a la información pública siguen representando desafíos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Uruguay.
Uruguay: aumentan las restricciones a la prensa y actores privados ganan protagonismo, según Cainfo El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentó su 12º informe anual sobre libertad de expresión en Uruguay, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y advirtió un aumento en las restricciones al ejercicio periodístico durante el último año, revirtiendo la tendencia a la baja que se venía registrando desde 2022. De acuerdo al relevamiento, entre el 1º de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026 se documentaron 56 casos de amenazas o limitaciones a la libertad de expresión, cinco más que en el período anterior. La principal problemática continúa siendo el acceso a la información pública, presente en 23 de los episodios. El informe detalla además ocho agresiones verbales, escritas o digitales; siete discursos estigmatizantes; seis casos de hostigamiento judicial; seis situaciones de violencia mediante tecnologías digitales; tres agresiones físicas; dos casos de uso abusivo del poder estatal; y un caso vinculado a un marco jurídico contrario a estándares internacionales. En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de los hechos se concentraron en Montevideo, con 45 casos. En el interior, se registraron episodios en Maldonado, Soriano y Tacuarembó (dos casos cada uno), además de situaciones puntuales en Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja y Paysandú. Uno de los aspectos destacados por Cainfo es que el Estado dejó de ser el principal agresor. En 23 de los 56 casos los responsables fueron organismos o funcionarios públicos, mientras que en 24 episodios se identificó a actores privados y en nueve no fue posible determinar responsabilidades. Este cambio, considerado “alentador”, diferencia a Uruguay del resto de la región, donde el Estado suele ser señalado como la principal amenaza a la libertad de prensa. No obstante, el informe advierte que persisten episodios de discurso estigmatizante desde el ámbito político. En ese sentido, se mencionan intervenciones de la senadora Graciela Bianchi, quien protagonizó varios cruces con periodistas, entre ellos con Gustavo Guisulfo. Asimismo, se señalan restricciones al trabajo periodístico en espacios institucionales. En el Palacio Legislativo se limitaron áreas de circulación para la prensa, mientras que en la Torre Ejecutiva se restringió el acceso de fotógrafos y camarógrafos a determinadas actividades del presidente Yamandú Orsi. El informe también identifica casos relevantes de censura en el ámbito privado. Entre ellos, presiones atribuidas al empresario Francisco de Posadas para retirar contenidos informativos, y decisiones editoriales vinculadas al periodista Sergio Gorzy. Por otra parte, Cainfo advierte un fenómeno creciente en el periodismo deportivo, donde se registraron diez casos de agresiones, amenazas y obstrucciones, un nivel inédito desde que la organización realiza estos monitoreos. Finalmente, la organización subraya que, si bien la menor incidencia del Estado como agresor es una señal positiva para la calidad democrática, el aumento de restricciones —especialmente desde el ámbito privado— y las dificultades persistentes en el acceso a la información pública siguen representando desafíos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Uruguay.
