El Parlamento uruguayo se encamina a debatir una de las regulaciones más relevantes en materia digital de los últimos años: la protección de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales. La iniciativa, que cuenta con amplios consensos políticos, prevé la creación de una comisión bicameral con integración multiactor para elaborar un proyecto de ley durante 2026.
El diputado Rodrigo Goñi, quien asumió la presidencia de la Cámara de Representantes el 1° de marzo, confirmó que el objetivo es unificar las distintas propuestas existentes en un único ámbito de discusión. La comisión incluye representantes del sistema político, la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Una agenda con consenso político
Según Goñi, la regulación de plataformas digitales para menores es un tema que ha logrado acuerdos transversales en el sistema político, a diferencia de otros debates más polémicos vinculados al entorno digital, como la desinformación o los discursos de odio.
En la misma línea, Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, señaló que existe una coincidencia general en la necesidad de avanzar en la protección de menores, aunque aún no hay una propuesta concreta que sintetice esos consensos.
El especialista destacó que el país podría apoyarse en estándares internacionales, como la Observación General N° 25 del Comité de los Derechos del Niño, que establece principios para garantizar los derechos de la infancia en entornos digitales.
El desafío: modelos regulares de negocio digitales
Desde una perspectiva regional, la experta argentina María Capurro advirtió que cualquier regulación efectiva debe abordar el núcleo del problema: el modelo de negocio de las grandes plataformas tecnológicas.
Según explicó, estas empresas operan sobre la base de la recolección de datos y la maximización del tiempo de uso, mediante algoritmos diseñados para captar la atención de los usuarios. Este diseño genera riesgos específicos para menores, como:
Exposición a contenidos inapropiados Violencias digitales Acceso temprano a pornografía Problemas de salud mental (ansiedad, riesgos de depresión) Conductas compulsivas y falta de autocontrol Capurro subrayó que la autorregulación de las plataformas ha demostrado ser insuficiente para mitigar estos.
La comisión multiactor
El espacio de trabajo parlamentario incluye actores diversos, entre ellos:
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información La Agencia Latinoamericana de Información La Cámara de la Economía Digital del Uruguay El Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia El DATA Uruguay El objetivo es construir una normativa equilibrada que contemple tanto la innovación tecnológica como la protección de derechos.
Experiencias internacionales como referencia
El Parlamento analizará modelos regulatorios de otros países, como Australia y España, donde se han planteado restricciones al uso de plataformas digitales para menores de 16 años.
Estas experiencias servirán como insumo para diseñar una legislación adaptada al contexto uruguayo, pero alineada con estándares globales.
El eje central: garantizar derechos existentes
Los especialistas coinciden en que el desafío no es crear nuevos derechos, sino asegurar el cumplimiento de los ya reconocidos en tratados internacionales ratificados por Uruguay.
En este sentido, Gómez planteó que el problema radica en la falta de herramientas adecuadas para trasladar esas garantías al entorno digital. Como ejemplo, mencionó el “horario de protección al menor” en la televisión tradicional, y cuestionó cómo replicar ese tipo de mecanismos en plataformas como redes sociales o servicios de streaming.
Riesgos y urgencia de la regulación
El impulso regulatorio se sustenta en evidencias crecientes sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos y plataforma.
Uruguay avanza hacia la regulación de plataformas digitales para proteger a menores El Parlamento uruguayo se encamina a debatir una de las regulaciones más relevantes en materia digital de los últimos años: la protección de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales. La iniciativa, que cuenta con amplios consensos políticos, prevé la creación de una comisión bicameral con integración multiactor para elaborar un proyecto de ley durante 2026. El diputado Rodrigo Goñi, quien asumió la presidencia de la Cámara de Representantes el 1° de marzo, confirmó que el objetivo es unificar las distintas propuestas existentes en un único ámbito de discusión. La comisión incluirá representantes del sistema político, la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Una agenda con consenso político Según Goñi, la regulación de plataformas digitales para menores es un tema que ha logrado acuerdos transversales en el sistema político, a diferencia de otros debates más polémicos vinculados al entorno digital, como la desinformación o los discursos de odio. En la misma línea, Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, señaló que existe una coincidencia general en la necesidad de avanzar en la protección de menores, aunque aún no hay una propuesta concreta que sintetice esos consensos. El especialista destacó que el país podría apoyarse en estándares internacionales, como la Observación General N° 25 del Comité de los Derechos del Niño, que establece principios para garantizar los derechos de la infancia en entornos digitales. El desafío: regular modelos de negocio digitales Desde una perspectiva regional, la experta argentina María Capurro advirtió que cualquier regulación efectiva debe abordar el núcleo del problema: el modelo de negocio de las grandes plataformas tecnológicas. Según explicó, estas empresas operan sobre la base de la recolección de datos y la maximización del tiempo de uso, mediante algoritmos diseñados para captar la atención de los usuarios. Este diseño genera riesgos específicos para menores, como: Exposición a contenidos inapropiados Violencias digitales Acceso temprano a pornografía Problemas de salud mental (ansiedad, depresión) Conductas compulsivas y falta de autocontrol Capurro subrayó que la autorregulación de las plataformas ha demostrado ser insuficiente para mitigar estos riesgos. La comisión multiactor El espacio de trabajo parlamentario incluirá actores diversos, entre ellos: La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información La Agencia Latinoamericana de Información La Cámara de la Economía Digital del Uruguay El Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia El DATA Uruguay El objetivo es construir una normativa equilibrada que contemple tanto la innovación tecnológica como la protección de derechos. Experiencias internacionales como referencia El Parlamento analizará modelos regulatorios de otros países, como Australia y España, donde se han planteado restricciones al uso de plataformas digitales para menores de 16 años. Estas experiencias servirán como insumo para diseñar una legislación adaptada al contexto uruguayo, pero alineada con estándares globales. El eje central: garantizar derechos existentes Los especialistas coinciden en que el desafío no es crear nuevos derechos, sino asegurar el cumplimiento de los ya reconocidos en tratados internacionales ratificados por Uruguay. En este sentido, Gómez planteó que el problema radica en la falta de herramientas adecuadas para trasladar esas garantías al entorno digital. Como ejemplo, mencionó el “horario de protección al menor” en la televisión tradicional, y cuestionó cómo replicar ese tipo de mecanismos en plataformas digitales como redes sociales o servicios de streaming. Riesgos y urgencia de la regulación El impulso regulatorio se sustenta en evidencias crecientes sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos y plataform
