Más del 85% de los damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un acuerdo que permitirá aproximadamente 35 millones de dólares provenientes de la venta de ganado realizada por la sindicatura desde enero de 2025. El convenio será presentado este martes ante el juez de Concurso, Leonardo Méndez, quien deberá analizar y homologar formalmente el acuerdo. Una vez cumplido ese trámite, los acreedores podrán comenzar a cobrar mediante un plan de distribución que será elaborado por la sindicatura. El acuerdo involucra a unos 4.300 damnificados y obtuvo un amplio respaldo entre los acreedores. Según lo establecido, quienes tengan ganado registrado a su nombre recibirán un 33,3% del valor de comercialización de cada animal vendido. En tanto, aquellos inversores que no poseen ganado real asignado, pero cuentan con contratos de inversión, percibirán un monto equivalente al 5% de lo que les hubiera correspondido cobrar en el fondo ganadero, incluyendo intereses. Los fondos a distribuir representan solo una parte de los activos recuperados. Existen además otros recursos que permanecerán dentro del proceso concursal para atender a acreedores que no adhirieron al acuerdo ya los acreedores preferenciales, entre ellos organismos públicos. Por otra parte, continúa en análisis una masa patrimonial estimada en otros 35 millones de dólares vinculados a la sucesión de Gustavo Basso. Eventualmente, una vez satisfechos los créditos correspondientes a esa herencia, parte de esos recursos podría beneficiar también a los acreedores de Conexión Ganadera. Los representantes de los damnificados valoraron positivamente el acuerdo por permitir acelerar los cobros, evitando un proceso concursal que podría extenderse durante varios años entre verificaciones, inventarios e impugnaciones. De quedar firme la homologación judicial, los pagos podrían concretarse en un plazo cercano a los 60 días. Asimismo, los afectados consideran que el avance del acuerdo permitirá concentrar los esfuerzos en las judiciales de carácter penal orientadas a recuperar nuevos bienes y activos que puedan incrementar el retorno económico para los inversores perjudicados.
Damnificados de Conexión Ganadera acuerdan distribución de US$ 35 millones Más del 85% de los damnificados de Conexión Ganadera alcanzaron un acuerdo que permitirá distribuir aproximadamente 35 millones de dólares provenientes de la venta de ganado realizada por la sindicatura desde enero de 2025. El convenio será presentado este martes ante el juez de Concurso, Leonardo Méndez, quien deberá analizar y homologar formalmente el acuerdo. Una vez cumplido ese trámite, los acreedores podrán comenzar a cobrar mediante un plan de distribución que será elaborado por la sindicatura. El acuerdo involucra a unos 4.300 damnificados y obtuvo un amplio respaldo entre los acreedores. Según lo establecido, quienes tienen ganado registrado a su nombre recibirán un 33,3% del valor de comercialización de cada animal vendido. En tanto, aquellos inversores que no poseen ganado real asignado, pero cuentan con contratos de inversión, percibirán un monto equivalente al 5% de lo que les hubiera correspondido cobrar en el fondo ganadero, incluyendo intereses. Los fondos a distribuir representan solo una parte de los activos recuperados. Existen además otros recursos que permanecerán dentro del proceso concursal para atender a acreedores que no adhirieron al acuerdo y a los acreedores preferenciales, entre ellos organismos públicos. Por otra parte, continúa en análisis una masa patrimonial estimada en otros 35 millones de dólares vinculada a la sucesión de Gustavo Basso. Eventualmente, una vez satisfechos los créditos correspondientes a esa herencia, parte de esos recursos podría beneficiar también a los acreedores de Conexión Ganadera. Los representantes de los damnificados valoraron positivamente el acuerdo por permitir acelerar los cobros, evitando un proceso concursal que podría extenderse durante varios años entre verificaciones, inventarios e impugnaciones. De quedar firme la homologación judicial, los pagos podrían concretarse en un plazo cercano a los 60 días. Asimismo, los afectados consideran que el avance del acuerdo permitirá concentrar los esfuerzos en las acciones judiciales de carácter penal orientadas a recuperar nuevos bienes y activos que puedan incrementar el retorno económico para los inversores perjudicados.
