Un nuevo relevamiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) exponen un panorama complejo del sistema de privación de libertad juvenil en Uruguay, con avances en materia educativa pero persistentes problemas estructurales vinculados al encierro y la vulnerabilidad social. Según el censo correspondiente a 2025, la mitad de los adolescentes internados tiene familiares privados de libertad, lo que evidencia una fuerte reproducción de contextos de exclusión. A esto se suma que el 85% ingresa al sistema sin haber culminado el ciclo básico, reflejando trayectorias educativas interrumpidas desde etapas tempranas. En contrapartida, el informe destaca una mejora significativa en el acceso a la educación dentro de los centros: la asistencia a clases con docentes alcanzó el 89%, lo que marca un avance en las políticas de inclusión educativa en contexto de encierro. Sin embargo, uno de los datos más preocupantes se refiere a las condiciones de reclusión. El estudio indica que un 25% de los adolescentes permanece más de 18 horas diarias en sus celdas, lo que plantea cuestionamientos sobre el cumplimiento de estándares de derechos humanos y las posibilidades reales de rehabilitación. El censo también advierte sobre un incremento en la presencia de adolescentes privados de libertad por delitos graves, lo que complejiza aún más el abordaje institucional y las estrategias de reinserción social. En este contexto, si bien se reconocen mejoras en aspectos materiales y educativos, el informe concluye que persisten desafíos de fondo para el sistema, especialmente en lo que se refiere a reducir los niveles de encierro, atender las causas estructurales de la vulnerabilidad y fortalecer los procesos de rehabilitación e inclusión social.
La mitad de los adolescentes del Inisa tienen familiares presos y un 25% pasa más de 18 horas diarias en la celda Un nuevo relevamiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) expone un panorama complejo del sistema de privación de libertad juvenil en Uruguay, con avances en materia educativa pero persistentes problemas estructurales vinculados al encierro y la vulnerabilidad social. Según el censo correspondiente a 2025, la mitad de los adolescentes internados tiene familiares privados de libertad, lo que evidencia una fuerte reproducción de contextos de exclusión. A esto se suma que el 85% ingresa al sistema sin haber culminado el ciclo básico, reflejando trayectorias educativas interrumpidas desde etapas tempranas. En contrapartida, el informe destaca una mejora significativa en el acceso a la educación dentro de los centros: la asistencia a clases con docentes alcanzó el 89%, lo que marca un avance en las políticas de inclusión educativa en contexto de encierro. Sin embargo, uno de los datos más preocupantes refiere a las condiciones de reclusión. El estudio indica que un 25% de los adolescentes permanece más de 18 horas diarias en sus celdas, lo que plantea cuestionamientos sobre el cumplimiento de estándares de derechos humanos y las posibilidades reales de rehabilitación. El censo también advierte sobre un incremento en la presencia de adolescentes privados de libertad por delitos graves, lo que complejiza aún más el abordaje institucional y las estrategias de reinserción social. En este contexto, si bien se reconocen mejoras en aspectos materiales y educativos, el informe concluye que persisten desafíos de fondo para el sistema, especialmente en lo que refiere a reducir los niveles de encierro, atender las causas estructurales de la vulnerabilidad y fortalecer los procesos de rehabilitación e inclusión social.
