La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) atraviesa una situación de fuerte atraso institucional, con más de 400 denuncias pendientes de dictamen, según reconocieron sus autoridades ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.
El organismo también enfrenta las consecuencias de un ciberataque ocurrido el pasado 13 de abril, que dejó fuera de funcionamiento su sistema informático durante dos meses y que, tras su reinstalación, continúa registrando fallas. Esta situación afecta distintos trámites y ha dificultado, entre otras tareas, la publicación de la lista de funcionarios omisos en la presentación de declaraciones juradas.
En este contexto de acumulación de expedientes se encuentra la denuncia contra el director de Obras de la Intendencia de Cerro Largo, Pablo Nicolás Gramajo Pignatta, presentada en 2025 por ediles de la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental.
La denuncia cuestiona contrataciones registradas en la Rendición de Cuentas 2024 del Gobierno Departamental con una empresa unipersonal vinculada al propio jerarca municipal. En la documentación presentada figuran tres facturas impagas por un total superior a 1,3 millones de pesos: una por $327.000, otra por $346.073 y una tercera por $628.498.
Los denunciantes sostienen que esta situación podría entrar en contradicción con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, que establece restricciones para que funcionarios municipales contraten con el gobierno departamental al que pertenecen, salvo determinadas condiciones y con autorización de la Junta Departamental.
El planteo quedó radicado ante la Jutep y, pese a la documentación incorporada al expediente, hasta el momento no existe un dictamen definitivo del organismo sobre las eventuales responsabilidades administrativas y éticas vinculadas al caso Gramajo.
La situación adquiere especial relevancia ahora que la propia Jutep reconoce públicamente un importante rezago en el tratamiento de denuncias.
Más de 400 denuncias esperan respuesta de la Jutep y el caso Gramajo continúa sin dictamen La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) atraviesa una situación de fuerte atraso institucional, con más de 400 denuncias pendientes de dictamen, según reconocieron sus autoridades ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. El organismo también enfrenta las consecuencias de un ciberataque ocurrido el pasado 13 de abril, que dejó fuera de funcionamiento su sistema informático durante dos meses y que, tras su reinstalación, continúa registrando fallas. Esta situación afecta distintos trámites y ha dificultado, entre otras tareas, la publicación de la lista de funcionarios omisos en la presentación de declaraciones juradas. En este contexto de acumulación de expedientes se encuentra la denuncia contra el director de Obras de la Intendencia de Cerro Largo, Pablo Nicolás Gramajo Pignatta, presentada en 2025 por ediles de la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental. La denuncia cuestiona contrataciones registradas en la Rendición de Cuentas 2024 del Gobierno Departamental con una empresa unipersonal vinculada al propio jerarca municipal. En la documentación presentada figuran tres facturas impagas por un total superior a 1,3 millones de pesos: una por $327.000, otra por $346.073 y una tercera por $628.498. Los denunciantes sostienen que esta situación podría entrar en contradicción con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, que establece restricciones para que funcionarios municipales contraten con el gobierno departamental al que pertenecen, salvo determinadas condiciones y con autorización de la Junta Departamental. El planteo quedó radicado ante la Jutep y, pese a la documentación incorporada al expediente, hasta el momento no existe un dictamen definitivo del organismo sobre las eventuales responsabilidades administrativas y éticas vinculadas al caso Gramajo. La situación adquiere especial relevancia ahora que la propia Jutep reconoce públicamente un importante rezago en el tratamiento de denuncias. Es decir, el expediente que involucra al jerarca de la Intendencia de Cerro Largo forma parte de una problemática institucional más amplia: cientos de denuncias que permanecen a la espera de una resolución. Las autoridades de la Jutep anunciaron medidas para intentar revertir este escenario. Entre ellas se encuentra la incorporación del sistema informático DeclaraBID, financiado mediante un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, y la creación de un área especializada para el análisis de riesgo y el control aleatorio de declaraciones juradas. Mientras la Jutep busca recuperar su capacidad operativa luego del ciberataque y reducir el volumen de expedientes atrasados, el caso Gramajo continúa sin una definición del organismo, manteniendo abierta la interrogante sobre si existieron o no incompatibilidades y eventuales responsabilidades en las contrataciones denunciadas.
